Cuando se me invitó a escribir un artículo sobre el cierre de la Sala de Consumo Supervisado de Bilbao reflexioné acerca de la visión que yo podía ofrecer al cierre y supongo que si alguien pensó en mí, fue por mi actual trabajo como responsable de la gestión de los Servicios de Cooperación con la Justicia del Gobierno Vasco (Servicio de Asistencia a la Víctima, Servicio Vasco de Gestión de Penas y Servicio de Mediación Intrajudicial) y supongo también que por mi experiencia por mi trayectoria en el tercer sector. Espero por tanto aportar alguna nueva idea al aunar una doble visión como gestor de servicios públicos y la visión social y comunitaria en la que creo y participo.
Cuando surgió la noticia del cierre antes de verano (ahora aplazado temporalmente al parecer hasta fin de año) vinieron a mi cabeza una serie de imágenes y sensaciones que me dejaron tan mal cuerpo como a cualquiera que conociera la Sala… Primero me vinieron a la cabeza las marchas que hacíamos los voluntarios con los usuarios al centro Hontza en 2002. Un centro de un perfil similar que un año antes a la apertura de la Sala de Consumo Supervisado, estuvo en peligro de cierre en la anterior sede de la calle Zamakola ante la presión de ciertos vecinos y hoy día dicho centro está plenamente integrado en el paisaje urbano del Casco Viejo en el lateral de la Iglesia de San Antón.
Me vino también a la cabeza un amigo que tras años de prisión y una mala racha vital acabó contagiándose de VIH en un muelle de Bilbao la Vieja al compartir una jeringuilla y al mismo tiempo un recuerdo de mi infancia que me retrotrae a un Bilbao duro y gris de los 80 que esperamos no vuelva… Un amigo de aita trabajaba en el mantenimiento de la calefacción de las torres de Zabalburu y como el acceso era un túnel resguardado y con calor, todas las semanas encontraba algún heroinómano muerto por sobredosis en los bajos de aquellas casas que entonces se vendían como de lujo…
Calle Dos de Mayo, Bilbao.
Con este mal cuerpo que espero haberos transmitido me puse a documentarme sobre las noticias que han ido surgiendo en torno a la Sala de Consumo Supervisado para poder entender cómo era posible el cierre de otro servicio público en mi opinión esencial.
Antes de nada y por situar la cuestión entiendo que un Servicio Público es la actividad desarrollada por una institución pública o privada con el fin de satisfacer una necesidad social determinada y que por lo general es gratuito y se financia con fondos públicos. Dejando al margen debates técnicos acerca de aquellos servicios públicos a los que está obligado una administración pública al crearse por ley un derecho subjetivo para el ciudadano, o las carteras de servicios que están tratando de establecer algunas administraciones públicas, lo cierto es que lo fundamental de un servicio público es que atiende a una necesidad social, que el acceso sea gratuito y su financiación pública. A estas características clásicas yo añadiría otra que me permitirá reflexionar sobre el tema: para ser considerado como servicio público debe ser percibido como tal por la ciudadanía y asimismo, la administración pública debe considerarlo como tal y velar por la correcta prestación del mismo.
Es en este último punto donde comenzaré mi análisis. De lo que he encontrado por internet parece que la Sala de Consumo Supervisado se puso en marcha mediante un Convenio de Colaboración (una forma de subvención más estable equivalente a un contrato en el ámbito privado). Según lo que he encontrado en la prensa de internet dicho Convenio lo firmaron en el año 2003 Javier Madrazo como Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco y la presidenta entonces de la ONG Médicos del Mundo Celina Pereda, posteriormente Directora de Drogodependencias del Gobierno Vasco durante el Gobierno de Patxi López.
Por lo que aparece en prensa al parecer el centro contaba también con subvenciones del Ayuntamiento de Bilbao y Diputación por lo que imagino que como tantos Servicio Públicos del ámbito de la exclusión social la entidad gestora tenía que hacer malabares de pluri-financiación para poder pagar los gastos del centro y a sus profesionales. Esta inestabilidad es la que lleva en muchos casos al cierre de servicio públicos que atienden situaciones de especial necesidad: distintas administraciones actúan solamente como meras financiadoras y en época de recortes las subvenciones al ser medidas de fomento de actividades de interés público y no servicios a los que estén obligadas a prestar por ley, las administraciones públicas recortan casi de forma automática por el eslabón jurídico más débil, que paradigmáticamente es el que en muchos casos atiende a los más débiles.
Sin embargo esto no es excusa para una reflexión crítica en el tercer sector acerca de la gestión que se hace en algunos casos de Servicios Públicos. En mi opinión las entidades gestoras de servicios públicos deberían exigir a las administraciones públicas una mayor dirección pública (técnica, no política) y un mayor conocimiento y difusión del servicio por la administración para lograr que sean socializados y percibidos como tales por la ciudadanía. De hecho, si sólo acudimos a la administración solicitando mayor estabilidad financiera y luego pretendemos llevar a cabo los objetivos estatutarios de nuestra ONG sin la dirección y control del servicio por la administración, es más probable que nos encontremos con cierres en época de cambio de responsables políticos. No necesariamente por una cuestión ideológica, sino muchas veces por desconocimiento de dicho servicio y por tanto por falta de consideración del mismo como servicio público por la propia administración.
Al hilo de esta última reflexión crítica, nunca entenderé la obsesión de algunas entidades del tercer sector por figurar el nombre de su entidad en la gestión de un servicio público, cuando a mi entender lo que beneficia al servicio es precisamente que no sea importante quién lo gestione, quedando así la reforzada la percepción social del mismo como servicio público. Lo verdaderamente importante (tal y como recoge algún convenio sectorial del ámbito de los servicios sociales) es mantener la experiencia acumulada en la prestación del servicio público por los profesionales del mismo a través de la subrogación de los trabajadores, tal y como sucede en el caso de Contratos de prestación de Servicios Públicos, fórmula que debería integrarse también en los Convenios de Colaboración de gestión de servicios públicos consolidados en el tiempo y en la comunidad.
En el caso que nos ocupa, tal y como han señalado las trabajadoras, llama la atención que la entidad gestora del servicio no haya aclarado públicamente los motivos de no querer continuar gestionando el servicio de manera que los ciudadanos nos enteramos a medias por desgracia en función de que interese en el momento el tema a El Correo.
Por supuesto que en cuanto a las administraciones implicadas cabe una crítica mucho más directa. Algo hemos oído de la Diputación y Ayuntamiento, pero si el Convenio es de Gobierno Vasco ¿por qué no tenemos noticia alguna? ¿Consideran las Administraciones públicas que es un servicio público esencial? ¿Cómo lo han gestionado en los últimos años más allá de financiarlo?
Hay que tener en cuenta que incluso con subvenciones anuales nuestra labor como gestores de fondos públicos (hablo ahora como funcionario de una Administración Pública) es verificar que el servicio se presta en los términos acordados más allá de justificaciones económicas y memorias anuales. ¿Qué labor de puesta en valor del servicio público y socialización del mismo han realizado?
Evidentemente son preguntas sin respuesta porque creo que el propio modelo de trabajo de gestión de servicios públicos de las administraciones públicas debería ser sustituido. En este ámbito deberían las administraciones públicas aprender de las entidades del Tercer Sector: trabajo multidisciplinar, especialización, trabajo en red y coordinación. Las administraciones públicas están lejos de tener a nivel técnico dicho modelo. Por desgracia son escasas incluso las mesas de trabajo interdepartamentales dentro de una misma administración y más aún entre diferentes administraciones.
En último lugar y más importante deberíamos reflexionar como sociedad de forma crítica acerca de los servicios públicos que queremos y en qué medida los exigimos a las administraciones y los defendemos comunitariamente como esenciales. Vuelvo a las imágenes y sensaciones con las que comencé el artículo. El caso de la Sala de Consumo Supervisado es paradigmático porque supuso un cambio de modelo de prestación de servicios a drogodependientes; se pasa de un cierto paternalismo meramente asistencialista e individual a un planteamiento realista y con visión social de conjunto de reducción de daños, que supone la dignificación de los drogodependientes y deja una puerta abierta al acceso de éstos a otros servicios públicos y su posible inclusión. Al mismo tiempo la sociedad se dignifica igualmente al no cerrar los ojos a una realidad que es de todos y tratarla de forma multidisciplinar y profesional con un extraordinario trabajo social en red que no beneficia únicamente a los usuarios ni simplemente higieniza las calles, sino que nos acerca a un modelo de sociedad más integrada, madura y consciente de los problemas sociales que quiere superar para lograr ser una sociedad más justa y cohesionada. Si en su día salimos a la calle a defender Hontza de forma plural, unidos tercer sector y ciudadanos anónimos, debemos crecer como sociedad y ser nosotros los que exijamos servicios públicos como la Sala de Consumo Supervisado si queremos realmente una sociedad mejor, en vez de quejarnos de forma pueril acerca de lo mal que lo hacen las administraciones públicas.
Ahí reside la esencialidad de un servicio público, en la percepción y defensa que una sociedad haga del mismo, si se cierra finalmente la Sala De Consumo Supervisado de Bilbao perdemos todos.
Roberto Moreno
Responsable del Servicio de Justicia de Adultos de la Dirección de Justicia del Gobierno Vasco
