En algunos países, a las personas que transmiten la infección por el VIH o exponen a otras personas al VIH se les aplica el derecho penal.
No hay datos que indiquen que por medio de la aplicación general de la legislación penal a la transmisión del VIH se consiga la justicia penal o se prevenga la transmisión del virus. Esta aplicación más bien corre el riesgo de socavar la salud pública y los derechos humanos.
El ONUSIDA, debido a esta preocupación, insta a los gobiernos a limitar la penalización a los casos de transmisión intencionada, por ej., cuando una persona conoce su estado serológico positivo con respecto al VIH y actúa con intención de transmitirlo.
En otros casos, los legisladores, los fiscales y los jueces
deberían rechazar la aplicación del derecho penal.
Puede consultar el siguiente enlace DOCUMENTO ONUSIDA
