La Taula del Tercer Sector critica la eliminación de programas de reinserción de presos

35 entidades han tenido que cerrar sus programas de reinserción de presos.

 35 entidades han tenido que cerrar sus programas de reinserción de presos.

 

La Taula de entidades del Tercer Sector Social de Cataluña denunció el pasado día 30 de mayo que la supresión de programas de reinserción de presos provocará más inseguridad, una saturación de las prisiones y más gasto público. A la vez, denunció que con estos recortes se elimina el modelo de reinserción de presos que había a Cataluña desde hace muchos años.

La presidenta de la Taula del Tercer Sector, Àngels Guiteras denunció que con estos recortes “se ha tocado hueso” y que “se abandonan a las personas que atenían los programas de reinserción y se abandonan a las entidades que prestaban este servicio”.

Miquel Pungiluppi, representando de las entidades afectadas denunció que con estos recortes “todos salimos perdiendo y que se rebaja la calidad de la rehabilitación en Cataluña”.

Por su parte, Núria Fabra, consultora de las entidades afectadas denunció que “recortar en los presos quiere decir recortar en nuestra seguridad” y que “habrá que reinventar el modelo de reinserción, en un futuro, porque ahora se elimina”.

Las entidades del Tercer Sector Social que colaboren con el Departamento de Justicia en la atención a las personas reclusas o inmersas en procesos judiciales, hace unos días han recibido oficialmente la comunicación del Departamento que este año no recibirán ningún tipo de financiación para dar continuidad a sus servicios. Ni siquiera para cubrir el coste de los servicios prestados desde el 1 de enero de este año. El Departamento de Justicia ha comunicado a estas entidades que no convocará subvenciones para la continuidad de estos proyectos a partir del 1 de junio.

Esto afecta 35 entidades sociales y más de 160 profesionales que venían recibiendo cada año financiación del Departamento en forma de subvenciones para prestar los servicios siguientes:

– Programas de atención psicosocial para discapacitados intelectuales.

– Programas de rehabilitación para drogodependientes, enfermos mentales y VIH.

– Programas de atención psicosocial y asesoramiento legal para personas en

   3er grado y libertad condicional.

– Mediación intercultural en los centros de justicia juvenil y los centros penitenciarios.

– Actividades de ocio, cultura y deportes dentro y fuera de prisión.

Las entidades sociales afectadas pertenecen, entre otros, a las federaciones de la Taula del Tercer Sector siguientes: Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS), Cruz Roja, Federación Catalana de Drogodependencias, Dincat, Federación Catalana de Voluntariado Social, etc.

El año pasado se atendieron 6.363 personas en los diversos programas. Los programas de reinserción de las entidades sociales en Cataluña cuentan con unos 800 voluntarios a todo el país. A modo de ejemplo, el año pasado se atendieron 640 personas en varios pisos de reinserción.

Estos servicios tuvieron un coste de 2,2 M € en el bienio 2010-2011. Ante la delicada situación económica las entidades aceptaron una reducción del presupuesto al 50% en el mes de noviembre de 2011, de aplicación al 2012. Posteriormente, también comunicaron por escrito la disponibilidad a una nueva reducción ante el difícil escenario, preservando los servicios de cariz terapéutico y estela sin financiación las actividades culturales y de ocio.

Finalmente, el Departamento también ha comunicado a las entidades que, en no haber convenio de colaboración, ni siquiera podrán prestar servicios de forma voluntaria como hasta ahora, puesto que los voluntarios y las voluntarias a partir de ahora tendrán que solicitar cada vez la entrada al centro penitenciario con una semana de anticipación como si fueran personal ajeno.

Desde la Taula del Tercer Sector Social de Cataluña consideramos que la supresión de este conjunto de servicios es una medida de extrema gravedad por varias razones:

1.- Porque supondrá la destrucción de la política pública de rehabilitación y reinserción, puesto que el grueso de esta tarea lo han llevado siempre a término las entidades sociales que colaboren con el Departamento. Hay que tener en cuenta que uno de los disparos diferenciales de la política penitenciaria de Cataluña era justamente la calidad de los programas de rehabilitación propios combinada con la calidad de los programas de rehabilitación de las entidades.

2.- Porque 5.515 reclusos, uno de los colectivos más frágiles de nuestra sociedad, se verán privados de estos servicios, y esto supone una vulneración de sus derechos fundamentales recogidos al artículo 25.2 de la Constitución

3.- Porque se incrementará la inseguridad ciudadana, puesto que la reincidencia sin rehabilitación se sitúa en más de un 50% (en lugar del 40,2% actual) y todos los estudios de reincidencia demuestran que la rehabilitación es el único camino para la reinserción, y que son claves los programas de rehabilitación y el apoyo psicosocial durante todo el proceso, así como las oportunidades de vivienda, socialización y trabajo a la salida. Cada año salen de la prisión unos 2.300 presos, y esto significa que sin estos programas más de 1.200 probablemente volverán a delinquir.

4.- Porque la tarea de sensibilización social, difusión y promoción de oportunidades por la población reclusa que hacen las entidades sociales difícilmente se puede hacer desde la Administración, y es clave para la cohesión social y para dar una segunda oportunidad a los reclusos.

5.- Porque le acabará saliendo más caro a la Generalitat, puesto que con cada interno rehabilitado que no vuelve a la prisión el gobierno catalán se ahorra 30.000 € anuales y, por lo tanto, este previsible incremento de la reincidencia acabará costando 8,4 M€ anuales.

6.- Porque algunas de las 35 entidades sociales afectadas se verán abocadas a cerrar, puesto que no podrán afrontar el coste de los servicios prestados durante el primer semestre de 2012, ni el coste de la indemnización de profesionales con más de 10 años de antigüedad.

7.- Porque es absurdo que a partir de ahora los centros penitenciarios pongan dificultades al acceso del personal voluntario de las entidades sociales, en un momento en que justamente el apoyo de voluntarios y voluntarias puede acontecer la única vía para que algunos reclusos sigan contando con algunos servicios esenciales.

A pesar de ser conscientes del difícil momento que viven las finanzas de la Generalitat, le pedimos al Departamento de Justicia que adopte al menos las cuatro medidas siguientes:

a)  Garantizar la continuidad de los servicios de rehabilitación y de apoyo psicosocial a los reclusos más esenciales.

b) Abonar a las entidades, mediante una convocatoria de subvenciones específica, el coste de los servicios prestados entre el 1 de enero y el 31 de mayo de este año.

c) Seguir permitiendo como hasta ahora la entrada del personal voluntario de las entidades a los centro penitenciarios.

d) Buscar una solución jurídica porque las entidades no tengan que justificar la totalidad del proyecto. Puesto que muchos de estos servicios están cofinanciados por subvenciones otros Departamentos como Salud o Bienestar Social, y las entidades ahora puesto que no podrán asumir ni justificar la parte del presupuesto que aportaba el Dep. de Justicia.

La presidenta de la Taula del Tercer Sector, Àngels Guiteras ha dirigido una carta al presidente de la Generalitat, Artur Mas, la presidenta del Parlamento de Cataluña y ex consejera de Justicia, Núria de Gispert y a la consejera de Justicia, Pilar Fernández Bozal expresando su preocupación por este recorte y pidiendo que el gobierno encuentre las soluciones más adecuadas a fin de que el impacto de las reducciones presupuestarias al Departamento de Justicia tenga el menor impacto posible sobre los reclusos y las entidades sociales que los atienen.

http://www.tercersector.cat/noticia.asp?id=745&rel=%7B2B94738C-A4C8-4F0D-BE54-A6E183BBFE29%7D

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