El XI Seminario Internacional de UNICEF, que se celebra estos días en el Ilustre Colegio de Abogados de Vizcaya, contó con la presencia de Clemencia Aramburu, Representante adjunta de UNICEF en Ecuador.
¿Podría citar algunos de los mayores logros conseguidos por UNICEF con la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño en Ecuador?
Los últimos 20 años han supuesto para UNICEF el paso de una estrategia de apoyo a los servicios básicos hacia planes de trabajo centrados en el apoyo a las políticas públicas. UNICEF trabaja junto con el gobierno en la visibilización de los derechos de los niños y el presupuesto estatal destinado a lo social ha aumentado hasta el 6%. Otro logro importante es el empuje al estado como garante de derechos de los ciudadanos, como un paso más en el desarrollo. Es decir, un niño puede tener una escuela al lado, pero si sus padres prefieren que trabaje, verá pasar delante esta oportunidad sin poder hacer nada. Se trata en definitiva de garantizar la protección de los derechos de los niños por parte del estado y con el apoyo de la comunidad y la sociedad en general.
¿Cuáles son los retos más urgentes a los que se enfrenta UNICEF en Ecuador en la actualidad?
Priorizar supone escoger y en el caso de Ecuador, las necesidades son muchísimas, así que es difícil. Un tema muy importante es la migración; hay pueblos formados sólo por abuelos y nietos, ya que la gente en edad de trabajo tuvo que emigrar. La consecuencia de esto, es que las oportunidades de estos niños se vuelven más frágiles, desaparecen y hacen que pierdan su autoestima, llevándoles a comportamientos antisociales (droga, alcohol, etc). Otro de los asuntos pendientes tiene que ver con la violencia ejercida contra niños y adolescentes, que es la manifestación más escandalosa de la inequidad y la pobreza. La violencia se asume como una forma de educar, sin tener en cuenta el daño permanente que deja en ellos.
¿Cúales son las líneas de acción de UNICEF junto con los gobiernos para trabajar en los derechos de los pueblos indígenas?
Los pueblos indígenas en Ecuador y en América Latina en general manifiestan los peores indicadores sociales. Están siempre peor que el resto de la población y esto es debido al abandono y la invisibilidad histórica que han vivido. La Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas ha facilitado el acceso de sus dirigentes a un primer plano, es decir, tienen un instrumento para sus derechos colectivos e individuales y para establecer un diálogo entre ambas partes.
