Tres años en el Sáhara

Por fin una buena noticia: el Parlamento Europeo no ratifica la prórroga del Acuerdo de Pesca entre la Unión Europea y Marruecos. En consecuencia, la UE debería poner fin inmediatamente a este acuerdo, que viola claramente el Derecho Internacional, legitima la ocupación militar e ilegal del Sáhara Occidental por parte de Marruecos para el expolio de los recursos naturales de territorio saharaui y constituye un obstáculo más para la resolución del conflicto.

Es de agradecer este resultado, pero también hay que denunciar el proselitismo de la mayoría de europarlamentarios españoles. De haber dependido exclusivamente del voto de ellos, se habría renovado un acuerdo que solo beneficia a unas pocas embarcaciones españolas de gran tamaño —y que de ningún modo representan al sector pesquero español, mayoritariamente compuesto por pequeñas embarcaciones que faenan en las aguas jurisdiccionales españolas— y al reino de Marruecos, que además de los millones de euros aportados por la UE se vería políticamente reforzado en la ocupación militar del Sáhara Occidental, así como en su actual actitud de bloqueo hacia la resolución del conflicto.

Antecedentes del Acuerdo de Pesca

En 2007 se firmó el primer Acuerdo de Pesca entre la UE y Marruecos por una duración de cuatro años. Se concedieron 119 licencias de pesca, de las que 101 corresponden a barcos españoles. A cambio, la UE aportó 144 millones de euros a Marruecos. El acuerdo se volvió a renovar el pasado 27 de febrero, pero sólo por un año a causa de las reticencias mostradas tanto por la Comisaria de Pesca como por ciertos Estados Miembros y por las Comisiones de Presupuestos y Desarrollo del Parlamento Europeo, que tenían serias dudas respecto a su legalidad y a sus ventajas económicas y financieras. España, por el contrario, siempre estuvo entre los países que más apoyaron la renovación del acuerdo, todo ello a pesar de su responsabilidad histórica en el conflicto del Sáhara Occidental y del apoyo que gran parte de la población española profesa hacia el Pueblo Saharaui.

El territorio del Sahara Occidental -como señalara la Asesoría Jurídica de las Naciones Unidas en 2002- está considerado como un territorio no autónomo, pendiente de descolonización, por lo que la explotación de sus recursos naturales es contraria al Derecho internacional si no se cumplen dos requisitos básicos: que los beneficios de cualquier explotación repercutan directamente en la población saharaui, y que cualquier acuerdo referente a los mismos cuente con el visto bueno de quien, en palabras de la Asamblea General de las Naciones Unidas, es su único y legítimo representante: el Frente Polisario. Sin embargo, los acuerdos de pesca firmados hasta el momento, ni han contado con la aprobación del Frente Polisario, que se ha manifestado en contra de los mismos, ni ha beneficiado a la población saharaui. Y así lo afirmaba el informe emitido en 2009 por los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, según el cual no existían pruebas de que beneficiara a los saharauis “ni de que se esté realizando de acuerdo a sus deseos”. Unas conclusiones reafirmadas a su vez en un informe posterior (2010) encargado por la UE a la consultora francesa Ocean Développment Megapesca LTD.

Por esta razón para que el acuerdo fuera legal debería quedar expresamente fuera de su ámbito de aplicación el territorio no autónomo del Sahara Occidental, algo que hasta el momento no ha ocurrido.

Y todo ello para obtener unas licencias de pesca que sólo benefician a unas pocas embarcaciones de gran tamaño, que practican además el modelo de pesca tipificado como “industrial” y que se caracteriza por utilizar técnicas muy extractivas y muy lesivas para el ecosistema marino. De hecho, la pesca de estas embarcaciones, según el último informe mencionado, ha contribuido de manera muy significativa a la sobreexplotación de los recursos pesqueros saharauis.