La última radiografía de la violencia de género en España

Ocho de cada diez mujeres no habían denunciado a su agresor. El perfil del maltratador es el de español entre los 31 y 45 años sin problemas mentales diagnosticados. Las víctimas, en la misma franja de edad y con la ruptura sentimental reciente. Son algunos de los datos del último informe sobre violencia de género. Las ONG añaden la información que olvidaron las instituciones: la soledad económica y social de las supervivientes.

AGNESE MARRA

Año tras año las malas noticias continúan. Las cifras bajan y aumentan sin conseguir un control más férreo que evite que centenares de mujeres sean asesinadas a manos de sus parejas. Algunas ya habían denunciado, otros no se atrevían por miedo o por desconfianza, y un tercer tipo debían de estar protegidas por las autoridades, pero finalmente murieron.

La violencia de género comienza a parecerse a un problema endémico contra el que las autoridades se encuentran sin suficientes recursos. Una víctima del año 2000 que finalmente consiguió sobrevivir a 14 puñaladas, le contaba a nuevatribuna.es cómo un policía le dijo que “no podían proteger a todas las víctimas porque había un agente cada 150 mujeres”.

La Ley Integral contra la Violencia de Género fue un paso decisivo en la lucha contra esta lacra, sin embargo las ONG’s denuncian algunas de sus debilidades: la reparación de las víctimas y las medidas de protección una vez hecha la denuncia.

En las dos últimas semanas cinco mujeres han sido asesinadas. El ministerio de Igualdad y el de Interior han publicado un informe con los últimos datos de la violencia de género española. El perfil de los asesinos y de las víctimas forma el cuadro de este problema. Pero las ONG añaden al informe lo que olvidaron las instituciones.

ESPAÑOLES ENTRE 31 Y 45 AÑOS

Varón, español, entre 31 y 45 años y sin ninguna alteración mental. Según un informe del grupo de expertos en violencia de género del CGPJ, este sería el perfil clásico del agresor.

Rompiendo los mitos del aumento de agresores inmigrantes, el informe desvela que el 66% de los asesinos son españoles y en la mayoría de los casos no actúan a consecuencia de una enfermedad o alteración mental o bajo los efectos del alcohol o las drogas.

En cuanto al lugar y al modus operandi las investigaciones concluyen que el 69% de los casos el escenario del crimen fue el domicilio común, el de la víctima o el del agresor. Asimismo, en 14 casos existía un vínculo matrimonial entre el agresor y la víctima y en el resto la relación afectiva era de convivencia de hecho o de noviazgo.

Pese a que de los resultados del estudio se desprende que el arma blanca sigue siendo el mecanismo más utilizado para matar, se observa un incremento de muerte por traumatismos, que pasa del 9,1% en 2006 a 18,5 en 2007.

En el 18,5% de los casos, el agresor estranguló con las manos a su víctima, y sólo en el 3,7 utilizó un arma de fuego para acabar con su vida. El estudio también concluye que existe mayor agresividad en los casos de violencia de género que en los de violencia doméstica, en los que las víctimas pueden ser hijos o padres del agresor.

LAS VÍCTIMAS

En lo que se refiere a las víctimas, según el estudio, el 65% son españolas entre los 30 y 45 años. En el último año han aumentado el número de asesinadas con edades comprendidas entre los 19 y 25 años.

Seis de cada diez víctimas mortales por violencia de género vivían con sus asesinos. Casi ocho de cada diez no habían denunciado previamente a sus maltratadores. Así se desprende de un estudio del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el que se han estudiado todas las sentencias dictadas en 2007 por homicidios y asesinatos relacionados con la violencia machista y doméstica. En total, 35 fallos repartidos en los tribunales con jurado y en las audiencias provinciales sobre hechos cometidos hasta 2006.

Los casos en los que se mantenía la convivencia suponen un incremento del 18% con respecto al informe realizado el año anterior sobre las 33 sentencias dictadas en 2006. En 14 de los fallos emitidos en 2007 un 40% del total no existía convivencia de pareja o se había acabado. En el informe se subraya que "se mantiene un elevado porcentaje de supuestos en que los hechos criminales se producen una vez materializada la ruptura sentimental".

LAS QUE SOBREVIVEN SE ENCUENTRAN CON OTRO INFIERNO

Según algunos colectivos de mujeres que trabajan con este problema, muchas de las víctimas no denuncian al agresor porque “se sienten igual de desprotegidas por la policía”. Sin embargo la presidenta del Observatorio, Inmaculada Montalbán, opina que en la mayoría de los casos no existieran denuncias previas pone de manifiesto que las víctimas "siguen sin detectar la peligrosidad que implica los malos tratos". El debate está abierto y ninguna respuesta parece conseguir que las agresiones disminuyan.

Amnistía Internacional asegura que las víctimas con las que han tenido relación denuncian “la falta de ayuda de las autoridades” y como muchas de las que habían pedido protección hoy forman parte de las siniestras listas de fallecidas. Pero desde esta ONG y desde otros colectivos lo que solicitan es más ayuda para aquellas que han conseguido sobrevivir.

La Ley Integral de Violencia de Género no aborda expresamente el derecho a la reparación. Desde AI denuncian la “la falta de desarrollo normativo en cuanto a la indemnización proporcionada por el daño sufrido, así como las más completa rehabilitación y recuperación psicológica, económica y social”.

El abogado de una organización de apoyo a las víctimas afirma que el gran problema de todos los procedimientos judiciales es la ejecución: “Cuesta muchísimo conseguir la responsabilidad civil, cuando se consigue, la mayoría de las veces es imposible cobrarlo porque el agresor se declara insolvente y entonces no se puede hacer nada”. Otra abogada confirma que la Ley de Ayudas 35/1995 además no tiene el presupuesto necesario para cubrir la insolvencia, por lo que la mujer se queda con las manos vacías.

El problema se agrava cuando la víctima, además de luchas por salir adelante psicológicamente (su autoestima suele estar fuertemente dañada), se tienen que enfrentar a encontrar un trabajo que en ocasiones antes no tenía, y sacar adelante a una familia desde cero. Amnistía Internacional propone que el Estado garantice un sustento económico digno durante todo el proceso judicial que se puede llegar a alargar hasta cinco o seis años, pero hasta ahora no se ha llevado a cabo.

Esta ONG de Derechos Humanos, no sólo se limita a denunciar la soledad legal y económica de la maltratada, sino que solicita que el Gobierno equipare la ayuda a las víctimas de violencia de género con las de las víctimas del terrorismo, las cuales pueden compatibilizar ayudas del Estado con otro tipo de subvenciones, además de recibir prestaciones para apoyo psicológico de la víctima y de la familia, mientras que la Ley de Violencia de Género no contempla que la familia de la agredida también es una víctima brutalmente dañada.