No todas las personas gozan de los mismos derechos, ni de las mismas oportunidades, ni pueden disfrutar del mismo nivel de desarrollo en Euskadi, en pleno siglo XXI. El colectivo de personas con discapacidad se encuentra todavía en una clara situación de desventaja respecto al resto de la ciudadanía, y comprueba a diario cómo se le sustraen derechos humanos tan elementales como desplazarse libremente en su entorno, elegir el lugar y el modo en el que desean vivir, conseguir un trabajo digno, disfrutar de su tiempo de ocio, y en definitiva, vivir de manera independiente participando activamente en su comunidad.
Esta situación insostenible exige un cambio de paradigma en la consideración de la discapacidad, de modo que se respeten los derechos humanos fundamentales de nuestro colectivo.
Estas son algunas de las principales conclusiones que se pusieron sobre la mesa en la jornada que bajo el título “Derechos Humanos y Discapacidad: por una Vida Independiente en Comunidad” Fekoor organizó en el Palacio Euskalduna de Bilbao el pasado miércoles, 6 de mayo. Un foro de debate y reflexión que siguieron cerca de 200 personas y que ha servido para conocer y analizar propuestas y actuaciones que actualmente se llevan a cabo para promover la participación social y garantizar el derecho a una completa participación comunitaria y a una vida independiente a este importante colectivo.
En este foro de debate intervinieron Adela Rey Aneiro y José Antonio Seoane (Profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de A Coruña), Victor Bayarri (Presidente de la Fundación Koine-Aequalitas Civites y Director de Alter Civites); Francisco Margallo Polo (Ministerio de Educación, Políticas Sociales y Deportes); Jesús María Ordoñez (Director de Lanbide Colocación); Lourdes Márquez (Fundación ONCE); Elisa Sala (Directora de Kairos) y José Manuel Fínez (Magistrado del Juzgado de primera 1ª Instancia nº 13 de Bilbao).
La accesibilidad universal, el acceso a un empleo de calidad dentro del mercado laboral ordinario, y la promoción de la autonomía personal, son los pilares sobre los que se debe a sustentar el ejercicio de nuestros derechos en clave de inclusión social, vida independiente y participación activa en comunidad. Derechos fundamentales que a juicio de estos expertos van a permitir a nuestro colectivo vivir de manera autónoma, y sacar adelante un proyecto de vida libremente elegido.
La jornada fue inaugurada por el Ararteko, D. Iñigo Lamarca y el Diputado de Acción Social, D. Juan Mari Aburto, junto al presidente de Fekoor, José Antonio Pérez.
El Ararteko destacó en su intervención el título de la jornada, que aúna derechos humanos y discapacidad, ya que “el colectivo de personas con discapacidad está reclamando hoy en día derechos que se enmarcan en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la que acabamos de celebrar el 60 aniversario”. Recordó que existen todavía muchas barreras y obstáculos que impiden que el ejercicio de estos derechos humanos sean efectivos. Por ello reclamó un cambio de mentalidad en la sociedad y las Instituciones para que cale la idea de que no hay un ser humano estándar y que la diversidad es la norma en la vida, de modo que lleguemos a ser respetuosos y consecuentes con este principio.
El responsable del Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia también reclamó en su intervención “un cambio de mentalidad, una revolución ideológica, para que la diversidad funcional sea respetada y valorada”. Este cambio, continuó, “ya está en la calle, pero hace falta que las instituciones públicas con responsabilidad en este sentido nos lo creamos”, para que orienten sus actuaciones en esa dirección y contribuyan a promover esta nueva conciencia social.
La ponencia marco titulada “Nuevas tendencias para promover la Autonomía Personal en el Entorno Comunitario”, centró el debate abordando la evolución de la consideración de la discapacidad hasta llegar a su inclusión en el ámbito de los derechos humanos, tal y como se recoge en la Convención de Naciones Unidas, ratificada por España en marzo de 2007, y en vigor en todo el Estado desde el pasado 3 de mayo del pasado año. 
Se trata de la primera convención sobre derechos humanos del siglo XXI, y además, la primera nacida de los debates de internet, con las aportaciones de los colectivos sociales que trabajan a favor de los derechos de las personas con discapacidad en todo el mundo. Un texto legal que parte de una lacerante constatación: “la vulneración sistemática y generalizada de los derechos de las personas con discapacidad a pesar de las garantías generales existentes en las leyes actuales”.
El objetivo de la Convención pasa por promover, proteger y asegurar el disfrute pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, desde el respeto de su dignidad inherente. Dignidad que en la práctica se traduce “en disfrutar derechos tan básicos y al alcance del resto de la ciudadanía como el derecho a elegir el modo de vivir, a disfrutar de libertad sexual, a tener descendencia, a disfrutar del ocio, a desplazarse con libertad.”
Todos los especialistas coincidieron en señalar que los derechos humanos son condiciones básicas para tener una vida digna y que al mismo tiempo son exigibles a los poderes públicos. Además tienen carácter prestacional, es decir, que no basta con que no se vulneren, sino que los poderes públicos tienen la obligación de actuar con políticas activas para proteger y garantizarlos”.
