Por un acceso efectivo a la Justicia de las mujeres con discapacidad

Manifiesto de Edeka para el 25 de noviembre, día internacional contra la violencia hacia las mujeres

Reconociendo que las mujeres y niñas con discapacidad están sujetas a múltiples formas de discriminación y, por tanto, España tendrá que adoptar medidas para garantizarles el pleno ejercicio y goce, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales establecidos en la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por nuestro país y en vigor como parte integrante de nuestro ordenamiento jurídico (CDPD, Art. 6)

Denunciando la mayor vulnerabilidad de las niñas y mujeres con discapacidad a ser víctimas de abusos y violencia, incluso por parte de aquellas personas de quienes dependen para su atención, apoyos y en su caso cuidados (CDPD. Art. 16)

Tomando en consideración la necesidad de asegurar que las niñas y mujeres con discapacidad tengan un acceso efectivo a la justicia en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía, (CDPD, Art. 13), la Coordinadora Vasca de Representantes de personas con discapacidad EDEKA, DEMANDA en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer:

1. El reconocimiento de la discriminación institucional como una forma de violencia que surge de la invisibilidad, de las concepciones erróneas, y de la falta de reconocimiento de los derechos de las niñas y mujeres con discapacidad en las estadísticas que se recogen, la legislación y la práctica judicial.
2. Estudiar y dar a conocer la situación de las niñas y mujeres con discapacidad en relación con la violencia de género, cuyos efectos se manifiestan en esta población a través de un mayor índice de crímenes violentos y sexuales cometidos contra ellas, violencia machista, abortos coercitivos, esterilizaciones forzadas, trata de de mujeres…

3. Atención directa a las niñas y mujeres con discapacidad sobre sus derechos fundamentales y procesos para demandarlos, a través del trabajo de los servicios sociales y las organizaciones de mujeres y de la discapacidad, contando para ello con la elaboración de guías de defensa y de todo tipo de materiales accesibles de amplia difusión.

4. Desarrollo de programas de información, capacitación y sensibilización dirigidos a las familias, proveedores de servicios, personas que forman parte del entorno directo de las niñas y mujeres con discapacidad y representantes de las organizaciones de discapacidad y sus familias sobre sus derechos y libertades fundamentales, así como acerca de sus oportunidades para acceder a la Justicia.

5. Revisión de la legislación penal sustantiva y procesal para que resulte posible detectar las situaciones de violencia contra la mujer en el que la discapacidad haya constituido un factor relevante de la agresión, y castigar en estos casos más duramente estas conductas por la mayor vulnerabilidad de las víctimas.

6. Formación integral en materia de género y discapacidad para todas las personas que trabajan en la Administración de Justicia (jueces, fiscales, abogados, policías, personal penitenciario…), dirigida a desmantelar la errónea imagen social que de la mujer con discapacidad se tiene, poniendo en valor el nuevo paradigma centrado en su imagen positiva como sujeto de derechos y enfatizando en primer término su condición de mujer.

7. Abolir los sistemas que sustituyen la toma de decisiones, como incapacitación y el nombramiento de tutores y representantes legales, que mayoritariamente impiden el verdadero disfrute de los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y mujeres con discapacidad, entre otros, estableciendo, por el contrario, sistemas de apoyo en la toma de decisiones que tengan en cuenta las circunstancias individuales de tales personas que, antes que nada, son mujeres.

El empoderamiento real y efectivo de las mujeres con discapacidad.

Aunque la sociedad ha avanzado, la discriminación de las mujeres sigue persistiendo, ahora, quizás, incluso de una forma mucho más sutil. Y, pese a que los movimientos de mujeres han desempeñado un papel fundamental en impulsar cambios, esforzándose por empoderar y preparar a las mujeres para la lucha por la igualdad, no ha ocurrido así con las mujeres con discapacidad: de un lado, los movimientos de mujeres sin discapacidad siguen sin tener conciencia de sus necesidades; pero, de otro, tampoco el movimiento general de la discapacidad les ha prestado la suficiente atención, a pesar de los avances (más nominales que reales), que algunas de estas organizaciones han querido imprimir a su acción en favor de la causa del género.

Consecuentemente, las mujeres con discapacidad siguen quedando al margen de todos los movimientos de derechos humanos y permanecen inmóviles en una posición de clara desventaja en la sociedad. Y es que su situación de mujer con discapacidad no solamente es peor que la de las mujeres sin discapacidad, sino también que la de sus iguales masculinos; especialmente en el medio rural, donde sigue predominando un régimen matriarcal y un sistema económico primario, con menos servicios y oportunidades para esta población que en el medio urbano. Sin embargo, los estudios apenas reparan en esta flagrante discriminación, entre otras razones, por no tomar en consideración la inclusión de indicadores que contemplen la perspectiva de género de manera que puedan dar cuenta de su realidad en el seno de la familia, en el acceso a la educación o a los servicios sanitarios, por poner ejemplos de ámbitos críticos para los procesos de inclusión. Lo mismo sucedería si se analizaran con perspectiva de género las escasas oportunidades que tales mujeres tienen para incorporarse al mercado laboral o su limitado conocimiento de la legislación existente y de los servicios dirigidos a las personas con discapacidad o de mujeres en general.

El empoderamiento de las mujeres con discapacidad, entendido como la capacidad de las mujeres para incrementar su auto-confianza, así como su poder y autoridad de manera que puedan decidir en todos los aspectos que afectan a su vida, se convierte, por lo tanto, en la necesidad urgente del momento, dado que ni la sociedad, ni los poderes públicos, ni los movimientos de mujeres, ni tampoco los de las personas con discapacidad, reconocen verdaderamente sus necesidades e intereses.

Para superar la falta de equidad y las barreras que actualmente impiden que las mujeres con discapacidad participen plena y equitativamente en la sociedad, desde La Coordinadora Vasca de Representantes de Personas con Discapacidad, EDEKA reclamamos:

1º Que los Informes Periódicos de los tratados de derechos humanos pertinentes incluyan información sobre las mujeres con discapacidad de oficio. Debe incorporarse información sobre la situación de las niñas y mujeres con discapacidad en relación con cada uno de los derechos, incluyendo la situación actual de hecho y la situación de derecho, información sobre las medidas tomadas para mejorar su situación, y las dificultades y obstáculos que hayan tenido, especialmente en el ámbito rural. Y esta práctica debe extenderse a todas las instituciones que trabajen en la defensa de los derechos humanos tanto en el marco estatal, como en el autonómico, incluidas las organizaciones representativas de personas con discapacidad y sus familias o de mujeres en general.

2º Que se establezcan mecanismos y estructuras que permitan que las voces de las mujeres con discapacidad se escuchen y que éstas puedan participar políticamente como agentes, tanto en el seno de las organizaciones de personas con discapacidad, como de mujeres en general. Entre las medidas que deben tomarse, existe la necesidad de apoyar y fortalecer las organizaciones, redes y grupos dirigidos y gobernados por las mujeres con discapacidad en la defensa de sus propios intereses colectivos, tal y como ellas mismas los definan, sin perjuicio de su presencia a través de organizaciones mixtas o específicas.

3º Que se apoyen y financien investigaciones a escala estatal y autonómica en el campo de los indicadores reconocidos de la exclusión social en el caso de las mujeres con discapacidad, entre ellos: las desventajas socioeconómicas, el aislamiento social, el factor rural, las múltiples formas de discriminación, la violencia de género, la esterilización y el aborto forzados, la falta de acceso a los servicios comunitarios, la baja calidad de la vivienda, la institucionalización, la atención sanitaria inadecuada o la denegación de la oportunidad de contribuir y participar activamente en la sociedad.

EDEKA se reconoce con la capacidad y autoridad de representar los intereses de las niñas y mujeres con discapacidad y anima a todas sus organizaciones miembros a que difundan este Manifiesto y a que actúen proactivamente para el empoderamiento de este sector de su población que en la actualidad supone el 60% de todas las personas con discapacidad en nuestro país.

8 de marzo de 2010.

elcorreo.com

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