Acrobacias en la cooperación al desarrollo en Euskadi

Acrobacias en defensa de la cooperación vasca

Últimamente, escuchamos de las instituciones públicas mensajes de crecimiento, de salida de la crisis y de presupuestos ligeramente expansivos. Parece así que la época de recortes y estrecheces en las políticas sociales en general y, en las de cooperación al desarrollo en particular, hubiera quedado atrás.

No obstante, si analizamos las partidas destinadas a cooperación en 2017 y en los últimos años en las principales instituciones vascas, constatamos que tras varios años de recortes y ajustes y, pese a tímidos avances en algunas de ellas en 2017, estas siguen estancadas y sin síntomas reales de recuperación. Vemos una falta de voluntad política por apuntalarlas, lo que las convierte en vulnerables, inestables y sujetas a cambios y vaivenes políticos.

Un análisis más exhaustivo nos permite comprobar que, otro año más, se incumple la Ley Vasca de Cooperación de 2007, que establece que el Gobierno vasco debe destinar a este fin el 0,7 % del presupuesto general de la administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, sin perjuicio de avanzar en el cumplimiento del 0,7 % sobre el Producto Nacional Bruto en coordinación con el resto de las administraciones públicas vascas. En su proyecto de presupuestos de 2017, que actualmente se está negociando, no se ven avances hacia la recuperación de la cooperación: cuantitativamente, se produce una leve reducción que llama la atención porque su recaudación ha aumentado; y porcentualmente, esta política se mantiene en el 0,39 %. Un claro ejemplo de que, a pesar de que los presupuestos globales aumentan, esa tendencia no tiene reflejo en la cooperación.

Nos preocupa que el Ayuntamiento de Gasteiz haya reducido el presupuesto de cooperación en un millón cien mil euros en relación a 2016 y que en los últimos años haya estado sometido a una gran inestabilidad. Sin embargo, valoramos que esta institución sea la que más se acerca al compromiso del 0,7 %, alcanzando el 0,62 %. Por su parte, la Diputación Foral de Araba ha aumentado levemente la cuantía, pero sigue siendo la que menos compromiso porcentual muestra, estancada en el 0,26 %.

El resto de instituciones analizadas (Diputaciones Forales Bizkaia y Gipuzkoa, y Ayuntamientos de Bilbao y Donostia) se sitúan en unos porcentajes que oscilan entre el 0,40 y el 0,51 %, con un mayor o menor avance, pero muy alejadas de ese histórico 0,7 %.

Las instituciones vascas realizaron en 2016 un notable esfuerzo por actualizar sus políticas de cooperación a través de la aprobación de planes directores para mejorar su calidad. Sin embargo, lamentablemente, no vemos el mismo esfuerzo para ampliar sus presupuestos, por lo que les instamos a que el avance y mejora sea en todos los sentidos.

Esta realidad provoca que las ONG de desarrollo realicen todo tipo de acrobacias para continuar con su trabajo en defensa de los derechos humanos y de la dignidad de las personas en numerosas partes del planeta. Para que nadie se quede en la cuneta, en definitiva.

Nos inquieta que el frenazo producido por los recortes en años anteriores no haya sido puntual u ocasional, porque debemos ser conscientes de que el avance o el retroceso en derechos humanos, independientemente del lugar del mundo en el que se produzcan, también nos afectan al resto. Es una de las consecuencias de vivir en un mundo globalizado y con problemáticas interrelacionadas.

Los compromisos, las promesas, los deseos y los anhelos deben empezar ya a traducirse en hechos. Las instituciones y los partidos deben ser responsables con el compromiso hacia las personas, sus derechos y su bienestar, situándolas en el eje de sus actuaciones. Recientemente, Naciones Unidas ha aprobado los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, que reconocen objetivos medioambientales y sociedades pacíficas y mejor gobernadas e inclusivas como instrumentos de desarrollo. Es el momento de avanzar en la senda del cumplimiento del 0,7 % ratificado por Naciones Unidas porque, además de obligatorio legalmente, es justo y moral.

Finalmente, recordamos que la cooperación impulsada por nuestras instituciones más próximas permite a nuestra sociedad un acercamiento a los desafíos mundiales del desarrollo y mantener un diálogo con los países empobrecidos en los que actúa. Desde el bien común, nos permite incidir en lo global desde lo local, y viceversa.

Creemos, además, que la ciudadanía legitima estas políticas llevadas a cabo gracias al esfuerzo de una sociedad vasca comprometida y preocupada por la pobreza y las desigualdades a nivel mundial. Son un legado de sus habitantes, cuyo liderazgo solidario han ejercido con orgullo durante mucho tiempo. Por tanto, no se puede arrebatar a la sociedad lo que se ha logrado fruto del consenso y del acuerdo entre ciudadanía, partidos políticos, organizaciones sociales e instituciones públicas. Aún es posible caminar hacia el 0,7 %. En este fin, cuentan las instituciones y partidos con el apoyo, la experiencia y el trabajo de las ONG de desarrollo vascas.

Iñaki Orube

Delegado en Gipuzkoa de la Coordinadora de ONG de Desarrollo de Euskadi

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