Estado de bienestar y servicios sociales, por Fernando Fantova

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Fotografía de ROBERT DOISNEAU

Si bien en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, sus horrorosas consecuencias (junto a otros factores) contribuyeron a legitimar el papel de los poderes y administraciones públicas como garantes de derechos, reguladoras de la economía, proveedoras de servicios y constructoras de cohesión social, el propio bienestar alcanzado en muchas sociedades gracias, en gran medida, a estas políticas públicas desencadenó o aceleró procesos de cambio social (como el desarrollo tecnológico, la transición demográfica, la conquista de derechos por parte de las mujeres o nuevas dinámicas migratorias) que desestructuraron los clásicos sujetos sociales del contrato social de la sociedad industrial (capital y trabajo) y fueron y son aprovechados con éxito por diferentes ideologías para deslegitimar el papel del Estado de bienestar y la fiscalidad progresiva que lo sostiene.

Algunos agentes o segmentos sociales (de forma ingenua o interesada) no han sido capaces de entender que una cosa es la legítima denuncia o crítica de determinadas ineficiencias, disfunciones, desviaciones o injusticias de unos u otros Estados y otra, muy distinta, es el debilitamiento de dicha institución hasta el punto en el que deje de ser un instrumento eficaz para avanzar sosteniblemente en la libertad, igualdad y fraternidad, valores que, en una sociedad avanzada, no pueden dejarse al albur de los lazos familiares, comunitarios o asociativos de las personas o de la compraventa en los mercados.

Por eso, precisamente en esa sociedad globalizada y tecnológica, en la que pierden fuerza vínculos laborales y familiares, en la que nuestras trayectorias vitales se abren a nuevas oportunidades y a nuevos riesgos, en la que crujen las estructuras del viejo Estado de bienestar, hemos de legitimar, defender y operativizar un nuevo paso en la historia de nuestro Estado de bienestar, el de la apuesta por los servicios sociales.

Los servicios sociales deben ser vistos ya como uno de los pilares de ese sistema de bienestar, ni menos ni más importante que la sanidad, la educación, las políticas de empleo o vivienda y el conjunto de pensiones o prestaciones económicas para la subsistencia material. No abogamos por un Estado intervencionista que se inmiscuya en las legítimas parcelas de libertad identitaria, moral, familiar o comunitaria de las personas, sino por unos poderes, políticas y administraciones públicas eficaces y eficientes en su función de posibilitar que ninguna persona quede abandonada a la suerte que pueda tener a lo largo de su vida en el terreno de la autonomía y decisión para la vida diaria en redes familiares y comunitarias deseadas. Esa apuesta, hoy y aquí, resulta clave porque:

  • Los servicios sociales brindan apoyos críticos en momentos y circunstancias clave a lo largo de todo el ciclo de vida de las personas, promoviendo y protegiendo la autonomía, y previniendo y revirtiendo la dependencia de personas, familias y comunidades, actuando ante riesgos que ya no pueden seguir siendo vistos como minoritarios o privados.
  • Los servicios sociales son imprescindibles para prevenir y combatir la transmisión intergeneracional de la pobreza, la desigualdad y la exclusión, al impulsar procesos de aseguramiento y empoderamiento en el seno de las relaciones primarias de las personas, fundamentales para su desarrollo y capitalización intelectual, emocional y relacional.
  • Los servicios sociales son la rama de las políticas sociales más directamente concernida por los nuevos riesgos sociales vinculados a la crisis de los cuidados y, por ello, constituyen un puntal fundamental de las políticas de igualdad de género y de conciliación de la vida personal, familiar y laboral y para las políticas de atención a la diversidad sexual, generacional, funcional y cultural.
  • El grado intermedio de madurez y maleabilidad de los servicios sociales les permiten funcionar como comodín en procesos de rediseño y recalibración de otras políticas públicas más o menos maduras o rígidas, y como banco de pruebas para políticas transversales o iniciativas innovadoras que luego puedan ser aplicadas en otras ramas de la protección social.
  • Los servicios sociales pueden aportar al Estado de bienestar una impronta más comunitaria y más abierta a experiencias escalables de innovación y transformación social de carácter alternativo, autogestionario, ético y solidario, como atestigua el importante papel que, en los servicios sociales, tienen el tercer sector de acción social y la economía solidaria.

 

La decisión es política. Podemos aferrarnos a insostenibles dinámicas de producción y consumo. Podemos pensar que seremos cuidadas por mujeres discriminadas o que seremos protegidas en comunidades cerradas dotadas de muros o vallas y de policía comunitaria. Podemos votar a partidos que propongan reducir el perímetro y la intensidad de la protección social hasta que salgan determinadas las cuentas, mientras quedemos dentro, con nuestros seres queridos. O podemos apostar por una sociedad sostenible. Si lo hacemos, parece difícil que uno de sus ingredientes no sea el fortalecimiento de los servicios sociales como nuevo pilar universal de nuestro Estado de bienestar.

Fernando Fantova

fantova.net

23 de julio de 2018

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