SOBRE LA RGI, por Ibai Otxoa

Hablar de la renta de garantía de ingresos (RGI) sin entrar mucho en política es difícil, considerando que se trata de una medida que genera cierta polémica. Intentando analizarla desde la perspectiva de un psicólogo, este problema es inevitable, aunque tampoco pretendo ocultar que estoy a favor de esta medida y, por tanto, no escribo con total objetividad.

La RGI surge en Euskadi en 1989. Puede ser situada, por tanto, en un contexto de crisis económica y social: hay que considerar, por ejemplo, la reconversión industrial y la etapa de mayor problemática social asociada a la heroína. En un principio se denominó IMF (ingreso mínimo familiar) y pasó por varios nombres hasta el actual, pero en todos los nombres ha estado presente el concepto básico de garantizar unos ingresos mínimos a la población más vulnerable.

Barrio de San Francisco, Bilbao

Fue un concepto relativamente nuevo, semejante a algunos que ya existían en otros países europeos pero quizá más integral que éstos. De esta forma, fue todavía más fácil que se convirtiera en el blanco de muchas polémicas: desde el primer momento hubo voces en contra de esta medida.

Mas de 25 años después, la RGI parece seguir siendo bastante estable, si bien menos que hace unos años; probablemente debido a la crisis económica iniciada en 2008. Si bien es cierto que la RGI surge precisamente en un contexto de crisis económica, conforme aumenta el bienestar, disminuye ligeramente la importancia del debate. Es cuando se produce una nueva crisis cuando se vuelve a los viejos argumentos y a la vieja polémica con mayor intensidad.

Para entender el por qué de este debate, es necesario considerar distintos factores, entre los que probablemente destacan la clase social, el paro o incluso la raza. Resulta obvio, por encima de todo, que las diferencias socioeconómicas son un factor crucial, al ser la RGI una medida para ayudar a quien no tiene bastantes ingresos. Es lógico que una primera tendencia (simplemente estadística y contando con muchas excepciones, por supuesto) sea que quienes tienen más posibilidades de percibir la RGI sean más proclives a defenderla que quienes no la necesitan.

El racismo también es interesante de estudiar desde la perspectiva psicológica. Se suele dar un doble proceso de discriminación-generalización, primero discriminando (por ejemplo, las personas de origen magrebí son distintas que las de origen europeo) y luego generalizando (y todas estas personas de origen magrebí son iguales entre sí). Es un mecanismo que se entiende muy bien desde la psicología evolutiva cuando nos planteamos la situación de una especie víctima de depredadores, sin sociedad ni complejidad en las relaciones.

En ese entorno tan radicalmente distinto de la sociedad actual, este proceso puede ser muy útil para aprender rápidamente en qué consisten las amenazas. Pero en el mundo occidental del siglo XXI, sin animales salvajes que supongan una amenaza como depredadores y aplicando este mecanismo a otras personas, el racismo más bien parece un despojo inútil de nuestros instintos animales más primarios. No sólo no facilita la convivencia, sino que la perjudica.

Al margen de prejuicios más o menos frecuentes, también resulta interesante ver desde dónde se promueven los movimientos para abolir o limitar la RGI. La plataforma más conocida es Ayudas Más Justas, así como la cara más visible de todo este movimiento es el anterior alcalde de Gasteiz, Javier Maroto, que también convirtió el endurecimiento de condiciones para percibir la RGI en uno de los temas centrales de su programa electoral.

Los detractores de Maroto opinan que exagerar y sobredimensionar el coste del fraude en la RGI es una simple maniobra para desviar la atención; aprovecharse de prejuicios hacia personas de otro país o simplemente de una clase social más baja para centrar en ese asunto la indignación pública por el fraude, sirviendo así como cortina de humo para tapar otros fraudes peores. Es una acusación bastante grave, aunque hay cierta base: al fin y al cabo, Maroto pertenece al PP, el partido con más casos de corrupción de España, y él mismo fue condenado por el Tribunal de Cuentas en el llamado caso San Antonio.

Tampoco es extraña la argumentación, porque, efectivamente, es difícil prevenir cierta cantidad de fraude a la hora de cobrar la RGI, por ejemplo en personas que también tienen trabajo, pero cobran en negro; sin embargo, difícilmente estos pequeños fraudes pueden ser tan dañinos para la sociedad como lo sería quitar las ayudas sociales a los más necesitados.

Por lo demás, no hay mucha más argumentación contra la RGI, realmente. También hay quien objeta que tantas ayudas suponen quitar incentivos para trabajar, que si todo el mundo puede recibir ayudas nadie trabajará y la sociedad se irá a pique. Lo cierto es que los datos dan como conclusión, de forma bastante certera, que, lejos de promover el paro, la RGI supone un buen complemento al mercado de trabajo. Es más que improbable que una garantía de ingresos mínimos quite las ganas de trabajar, especialmente –para bien o para mal- en una sociedad consumista y competitiva en la que se busca un sueldo lo más alto posible para adquirir la mayor cantidad posible de bienes de consumo.

Ibai Otxoa

Abril 2017

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