Algunas reflexiones sobre el posible cierre de la Sala de Consumo Supervisado de Médicos del Mundo

Grafiti Marzana, Bilbao.

 

La reciente noticia sobre el cierre de la Sala de Consumo Supervisado de la calle Bailén, de “la Narcosala”, como popularmente se la conoce, la recibí entre el estupor y el escándalo.

Estupor porque, como miembro del tejido asociativo bilbaíno y vecino del barrio de San Francisco, la Narco se había convertido ya en un espacio referencial dentro de mi cosmovisión del mundo social en el que vivo y escándalo por ser un nuevo recurso de los que entiendo que sucumbe al nuevo modelo social y económico que con la excusa de la “crisis” (que en realidad es una estafa colectiva) nos están imponiendo. La verdad es que esa primera fase de estupor escandalizado está cambiando y se está transformando en una honda indignación, que es la emoción que me domina en el momento de escribir estas líneas. La verdad es que el momento actual, en el que parece que el cierre de la sala deja de ser tan inminente y se prorroga hasta ¿noviembre, diciembre? No atenúa mi indignación porque entiendo que el daño ya se ha hecho y, como siempre, éste ha caído ante todo y sobre todo sobre unas personas especialmente vulnerables, aquellas que a su situación de drogodependientes añaden una severa exclusión social y toda una serie de problemáticas añadidas (sanitarias, económicas, personales, familiares, etc.) que no hacen sino multiplicar el grado de deterioro físico, psíquico y social de estas personas.

Como bien dice Cosme Sánchez en su artículo “En defensa de la Sala de Consumo Supervisado: La Reducción de Daños y la Baja Exigencia en Bilbao”, el trabajo en red desde la baja exigencia resulta imprescindible tanto desde una perspectiva terapéutica integral como desde un enfoque comunitario. Hago mías estas afirmaciones igual que las de las trabajadoras de la Sala cuando en su “Nota de prensa” del 16 de Junio de 2014 afirman que la responsabilidad última de garantizar el derecho a la salud de todas las personas es de la Administración Pública. Pero siendo esto así, no es menos cierto que ante todo y sobre todo la Sala de Consumo de Bailén es un bien social, un haber de la comunidad, y es como parte de esa comunidad que entiendo una obligación ética y política defender este recurso y exigirnos a todas que aportemos nuestra parte en la lucha por defender este espacio, que no es otra cosa que un garante de salubridad tanto individual para las personas usuarias, como colectiva para todas las personas que compartimos la comunidad con aquellas. Porque no nos olvidemos de una cosa, tanto los conceptos de “marginalidad” como de “exclusión” son ilusiones ideológicas que intentan esconder una realidad tan evidente como olvidada: todas las personas que compartimos un espacio estamos profundamente hermanadas y lo que nos pasa a unas, nos afecta a todas, especialmente en lo relativo a los recortes de derechos.

Es por ello que sí, que entiendo que la responsabilidad última de mantener abierta la Sala de Consumo Supervisado es de las Administraciones Públicas, pero también entiendo que es la responsabilidad primera la mía, y las de las demás personas que como yo constituimos la comunidad, la sociedad civil, el barrio o el como queramos definirnos, exigir a esas administraciones que cumplan con su responsabilidad de “garantes” del derecho a la salud pública. Por que lo siento mucho, pero después de casi 15 años siendo miembro de SalHaketa en Bizkaia, de trabajar con la problemática penitenciaria y todo lo que ello implica, no puedo por menos que sentir repugnancia por una sociedad que considera un delito el atentado contra la salud pública y condena a severas penas de prisión a las personas que cometen ese delito, pero que no sólo no pone los medios para evitar la comisión de ese delito a través de políticas de prevención, reducción de daños y promoción de la salud pública, sino que además garantiza la impunidad de ese mismo delito cuando quien lo comete son las propias administraciones públicas… Sí, han leído bien, en mi opinión el cierre de la Sala de Consumo Supervisado es un atentado contra la salud pública, así que si la responsabilidad última de ese cierre es de las Administraciones Públicas, entiendo que éstas están cometiendo un delito, al menos por omisión ¿Van a recibir el mismo castigo que el usuario potencial de la Sala que puede tener que verse obligado a consumir en la vía pública y en condiciones de insalubridad cuando esta cierre? Todas sabemos la respuesta a esta pregunta.

Pero como dije anteriormente, el daño ya está hecho: la reducción del horario de apertura de la Sala (que ahora cierra fines de semana y festivos) ha vuelto a generar situaciones de consumo en la vía pública que hacía tiempo que no teníamos en el barrio. Un servicio que tendría que haberse ampliado y descentralizado (abriendo más salas en más barrios) se ha visto recortado y puede que acabe desapareciendo. ¿Cuántos procesos de estabilización o mejora de personas drogodependientes puede haber frustrado ya esta situación? ¿Cuántos puede que acabe frustrando el cierre definitivo? La verdad es que es imposible saberlo, pero con que sólo fuera uno, ya serían demasiados. Y no nos engañemos, el problema es político, político no en el sentido de partidista, no estoy hablando de “electocracia”, sino en el sentido de público, de comunitario, de colectivo, de pacto social… Político en el sentido de aceptar vivir en una sociedad que rescata bancos pero no personas, con independencia de lo que quiera la ciudadanía. Político en lo referido a la negación de derechos tan fundamentales como el de la salud, el de la integración social, el de la seguridad de todas las personas, incluidas las drogodependientes y su derecho a tener un “consumo seguro”…

Es por todo lo dicho que me siento tan indignado por el cierre de la Sala de Consumo Supervisado, porque este cierre implica mucho más de lo que pueda parecer en un primer momento. Porque este cierre trasciende la problemática de la drogodependencia o de la intervención socioeducativa, incluso de la promoción de la salud. Es ante todo un ataque más al tejido social de la comunidad. Pero he de reconocer que no es sólo indignación lo que siento, porque siento también una profunda tristeza, tristeza de comprobar que una vez más los recortes, las crisis, los ajustes presupuestarios y las cuentas de beneficios vuelven a cebarse en las mismas personas de siempre: las más desfavorecidas. Y ahí también hay política, la política de priorizar los números antes que las personas.

Y quiero acabar recordando que precisamente por ser una cuestión política es una responsabilidad de todas las personas que formamos parte de esta sociedad defender la Sala de Consumo y a través de ella defender el derecho a la salud pública y defender el derecho a la integración social de todas aquellas personas que por el motivo que sea están en situaciones de exclusión. En mi modesta opinión, la política es una cosa demasiado seria como para dejarla en manos de los políticos o de las Administraciones públicas, así que asumamos como comunidad la defensa de los espacios públicos de intervención y acompañamiento sanitario y/o socioeducativo, seamos imaginativas y planteemos nuevas formas de gestión de los recursos que ya tenemos, seamos creativas a la hora de inventar y construir nuevos espacios… Porque si nuestro objetivo es la defensa de la humanidad en todas sus formas, la razón ya está de nuestro lado. Hagámosla realidad defendiendo un recurso como el de la Sala de Consumo tanto por lo que es, como por lo que significa.

Carlos E. Hernández

Coordinador de SalHaketa-Bizkaia

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