La prisión no puede convertirse en una alternativa al tratamiento

Los medios de comunicación reflejan especialmente los casos en los que las oportunidades reinsertadoras no han obtenido los frutos deseados y las personas han reincidido pero, los casos en los que las alternativas a prisión han finalizado con éxito no son tan mencionados (Del Pueyo, 2001).

 Los jueces optan o no por una medida alternativa en base a una serie de factores establecidos objetivamente, ya que ellos no pueden aceptar un riesgo sin tener en cuenta las diferentes variables que intervienen, entre ellas, la alarma social. Por ello, la idea de que la sociedad y el sistema judicial acepte con naturalidad y sin crear alamar social la posibilidad de realizar un tratamiento alternativo, siempre con una supervisión terapéutica (por parte del tratamiento) y biopsicosocial, por parte del resto de profesionales por los que será acogida la persona, es vital.

 Aunque a lo largo de estos últimos años se han ido dando casos de cumplimientos alternativos, se observa la necesidad de que se de una generalización de dicha acción y la aceptación social, para que esta opción sea tenida más en cuenta. Es necesario que la sociedad comprenda que la adicción a las sustancias será tratada de manera mucho mas efectiva y eficaz desde el exterior, mediante la inclusión de estas personas en la sociedad y no favoreciendo la segregación de los mismos insertándolos en centros penitenciarios.

 En algunos países como Irlanda y Escocia, se han creado unos tribunales especializados en delitos relacionados con las drogas, que se encuentran dirigidos a consumidores de drogas que han cometido un delito no violento. Este tipo de tribunales retrasan la ejecución de la sentencia, intentando evitar que la persona que ha cometido el delito entre en contacto con el sistema penal y reincida en su consumo de drogas.

 Esta idea se basa en el concepto de justicia reparadora, que conlleva acelerar los procesos penales contra delincuentes no violentos (entre los que hay un gran número de consumidores de drogas). Es importante a mi parecer aportar el siguiente dato: “algunos estudios económicos europeos han llegado a la conclusión de que un delincuente atendido por la red comunitaria cuesta entre diez y diecisiete euros al día mientras el costo diario por cada persona drogodependiente encarcelada oscila entre los noventa y ciento ocho euros”, según indica el Observatorio Europeo de las drogas y las toxicomanías (2004).

 Es necesario alcanzar la normalización, que en el caso de las personas presas drogodependientes consistirá en huir de la marginación, el olvido, y el desprecio que comúnmente les ha sido otorgado. Además, deberán tener acceso a las mismas posibilidades que el resto de personas, atendiendo a esta premisa, “todos los ciudadanos deben ser iguales y contar con los mismos derechos y deberes”.

 Las personas drogodependientes, necesitan y requieren intervenciones especializadas y personalizadas. Deberían crearse políticas y acciones penitenciarias dirigidas a estas personas, que proporcionen profesionales especializados para trabajar con aquellos que pese a todo se considere que deben ingresar en prisión.

 La prisión no puede convertirse en una alternativa al tratamiento, ya que no es el medio adecuado, ni posee los recursos humanos y materiales adecuados para ello. El tratamiento en cambio puede ejercer de alternativa a las penas de prisión, en aquellas personas que posean una drogodependencia y en las que se crea que dicho tratamiento puede favorecer a la reinserción social.

 Se debería realizar un tratamiento enfocado desde la vertiente biopsicosocial que junto con el cambio de las políticas y acciones dirigidas a esta población, las modificaciones en la ley, la eliminación o suavización de la alarma social creada al coexistir la doble estigmatización (delincuencia y droga) así como la motivación para el cambio por parte de las personas usuarias, proporcione en principio la formula necesaria para alcanzar altas cotas de deshabituación y satisfacción para todos (población penitenciaria y sociedad general).

 Trabajando sobre la drogodependencia mejoraremos no solo la situación de las cárceles españolas que se encuentran absolutamente saturadas por contar con personas que a mi parecer deberían estar cumpliendo su pena privativa de otro modo, sino que mejoraremos la sociedad y la comunidad en la que vivimos, implicándonos y trabajando conjuntamente en contra de las drogas. Fomentando medidas mas educativas y útiles disminuirá la población drogodependiente y por tanto la población reclusa vinculada a las drogas al mismo tiempo.

 Concluyo con el siguiente enunciado, realizado por el Observatorio Europeo de las Drogas destaca en su informe anual (2005) citado por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, 2006; “la cárcel es un ambiente especialmente perjudicial para los consumidores de drogas problemáticos”. Supongo que no seremos nosotros (los profesionales de la intervención social) los que les impulsemos hacia un abismo, ¿Qué opináis?

Marta Ruiz. Educadora social en los recursos residenciales Aldatzen y Hedatu de la Asociación Bidesari.

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